Al igual que ocurre con las empresas privadas, la administración pública puede ser objeto de reclamaciones por daños y perjuicios derivadas por su mal funcionamiento.
Nos referimos a casos como:
La responsabilidad de la administración es la de indemnizar a la persona o personas afectadas por su mal funcionamiento. Todo ciudadano tiene derecho a exigir una indemnización por las acciones u omisiones de las Administraciones Públicas.
Para que la responsabilidad pueda ser exigible, deben cumplirse ciertos requisitos. Concretamente, el daño sufrido:
El primer paso es dirigir una reclamación de responsabilidad ante aquel organismo que ha causado los daños y perjuicios.
En la reclamación, deberá identificarse con claridad:
El plazo máximo a reclamar desde que se produce el daño.
Dependiendo del tipo de daño causado, se puede justificar con un parte médico en el que se especifiquen las secuelas, un peritaje técnico que acredite la anomalía o una resolución judicial firme.
La administración tiene la obligación de:
Una vez se inicie el proceso, se abrirá el periodo probatorio. En este, el perjudicado podrá presentar todo lo necesario para esclarecer la relación causal de los daños por parte de los servicios públicos mediante la aportación de pruebas.
En un plazo máximo de 6 meses, la administración deberá resolver el proceso de forma clara aceptando o denegando la reclamación.
En caso de que no haya respuesta, se entenderá desestimada por silencio administrativo y se deberá comenzar un proceso por vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Desde Bufete Castellanos te ayudaremos en todo el proceso para que tu caso salga adelante de la manera más rápida y fluida posible.
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